Los fondos Next Generation han impulsado cientos de iniciativas de transformación digital. ¿Qué proyectos considera que han aportado o aportarán más valor a su organismo y por qué?
En nuestro caso, los fondos Next Generation han sido un acelerador clave para abordar transformaciones estructurales que, de otro modo, habrían requerido muchos más años.
Destacaría, en primer lugar, el despliegue del Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC) junto con la Oficina Técnica de Ciberseguridad.
Esta iniciativa ha supuesto un cambio radical en nuestras capacidades de detección, prevención y respuesta ante incidentes, al mismo tiempo que nos ha permitido consolidar una planificación estratégica integral en materia de ciberseguridad, alineada con el Esquema Nacional de Seguridad.
En paralelo, hemos impulsado iniciativas de automatización inteligente y RPA que están permitiendo eliminar tareas repetitivas, reducir tiempos de tramitación y liberar capacidad de nuestros empleados públicos para actividades de mayor valor añadido, con impacto directo en la eficiencia y en la calidad del servicio al ciudadano.
Por último, el despliegue del puesto de trabajo digital, basado en entornos colaborativos como Microsoft 365, ha sido fundamental para modernizar la forma de trabajar dentro de la Administración. No se trata solo de herramientas, sino de dotar a los empleados públicos de capacidades digitales que mejoran la colaboración, la agilidad y la productividad, elementos clave para una Administración más eficaz y cercana.¿Qué condiciones deben darse para garantizar la continuidad y sostenibilidad de estos proyectos una vez finalizada la financiación extraordinaria?
Sin duda, este ha sido el gran reto desde el inicio.
Nuestra aproximación ha sido abordar la sostenibilidad desde la fase de diseño de los proyectos, incorporando una planificación financiera y operativa que no dependiera exclusivamente de la financiación extraordinaria. En este sentido, hemos trabajado en identificar mecanismos de financiación complementaria, como instrumentos propios de la comunidad autónoma —entre ellos fondos vinculados al Impuesto de Turismo Sostenible o los Fondos de Insularidad— que nos han permitido garantizar la continuidad de las iniciativas estratégicas.
Pero más allá de la financiación, la clave ha sido integrar estos proyectos dentro del funcionamiento ordinario de la Administración, de manera que no sean percibidos como iniciativas puntuales, sino como servicios estructurales imprescindibles.¿Dónde identifica actualmente los principales riesgos para consolidar los avances logrados: presupuesto, talento, contratación, integración tecnológica, gestión del cambio u otros factores?
Todos los factores mencionados son relevantes y han tenido impacto en mayor o menor medida. No obstante, nuestra experiencia nos ha demostrado que el elemento diferencial ha sido la anticipación.
Desde el inicio fuimos conscientes de que los fondos tenían un carácter limitado en el tiempo, y trabajamos con ese escenario como premisa. Esto nos permitió definir una estrategia orientada a minimizar riesgos asociados al presupuesto, al talento, a la complejidad de la contratación o a la integración tecnológica.
Gracias a esa planificación previa, hemos podido abordar una transición ordenada, garantizando la continuidad de las capacidades desarrolladas y evitando disrupciones en los servicios. En este tipo de procesos, más que eliminar los riesgos —algo imposible—, se trata de gestionarlos con visión estratégica y anticipación.
¿Qué prioridades tecnológicas deberían marcar la agenda de las Administraciones Públicas durante los próximos cinco años?
En los próximos años, las Administraciones Públicas deberán centrar sus esfuerzos en consolidar un modelo digital basado en tres grandes pilares.
En primer lugar, la inteligencia artificial y el uso avanzado del dato, no solo como herramientas de automatización, sino como palancas para diseñar servicios públicos más proactivos, personalizados y eficientes. La Administración debe evolucionar hacia modelos en los que el ciudadano no tenga que solicitar lo que la Administración ya sabe que necesita.
En segundo lugar, la ciberseguridad, que debe considerarse un elemento estructural y no accesorio. A medida que los servicios públicos dependen cada vez más de entornos digitales, garantizar la protección de la información y generar confianza en la ciudadanía es absolutamente prioritario.
Y, en tercer lugar, la transformación del modelo de relación con el ciudadano, apostando por servicios digitales simples, accesibles e inclusivos, apoyados en la interoperabilidad y en la eliminación de silos administrativos. Todo ello acompañado de un fuerte impulso a la capacitación digital, tanto de los empleados públicos como de la propia ciudadanía.
¿Qué espera de los proveedores tecnológicos para ayudar a mantener y evolucionar los proyectos impulsados durante estos años?
Nuestra visión se basa en un modelo de colaboración público-privada que supere el enfoque tradicional de cliente-proveedor.
Lo que buscamos es establecer alianzas estratégicas con el sector tecnológico, en las que los proveedores participen desde las fases iniciales de definición de los planes, aportando conocimiento, innovación y capacidad de ejecución.
Necesitamos socios tecnológicos comprometidos con los objetivos públicos, capaces de adaptarse a la complejidad del sector público y de acompañarnos en la evolución continua de los servicios. La transformación digital de la Administración no se construye únicamente con tecnología, sino con relaciones de confianza y colaboración a largo plazo.¿Algo más que añadir?
La experiencia de estos años nos deja una conclusión clara: la transformación digital no es un proyecto, sino un proceso continuo.
Los fondos Next Generation han sido una oportunidad extraordinaria para acelerar este proceso, pero el verdadero reto comienza ahora, en la consolidación y evolución de lo construido. En este contexto, será clave mantener el impulso, reforzar la gobernanza y seguir poniendo al ciudadano en el centro de todas las decisiones.
Porque, en última instancia, el éxito de la transformación digital se mide por la confianza que genera en la ciudadanía y por su capacidad para mejorar de forma tangible los servicios públicos.
