Los fondos Next Genertion han impulsado cientos de iniciativas de transformación digital.¿Qué proyectos considera que han aportado o aportarán más valor a su organización y por qué?
En el caso de una Administración autonómica como La Rioja, los proyectos de mayor valor son aquellos que no se limitan a digitalizar trámites aislados, sino que crean capacidades reutilizables para toda la organización.
Destacaría varios ámbitos. En primer lugar, los proyectos de modernización de infraestructuras y servicios digitales, especialmente los vinculados a la gestión de la tramitación electrónica. En este marco, el proyecto GLERA constituye el pilar de la transformación digital administrativa, al abordar la modernización integral de la tramitación electrónica de expedientes. Incluye la digitalización de procesos clave como la contratación, el registro y la gestión de procedimientos electrónicos, e integra soluciones de inteligencia artificial para optimizar la gestión documental en todo el ciclo del procedimiento, avanzando hacia una administración más eficiente, automatizada y centrada en el dato.
¿Dónde identifica actualmente los principales riesgos para consolidar los avances logrados: presupuesto, talento, contratación, integración tecnológica, gestión del cambio u otros factores?
El primer riesgo es presupuestario. Los fondos extraordinarios han permitido acelerar inversiones, pero ahora hay que evitar que los proyectos entren en una fase de infrafinanciación. La sostenibilidad exige presupuestos ordinarios suficientes para operación, mantenimiento, soporte, evolución funcional y renovación tecnológica.
El segundo riesgo es el talento. Las Administraciones necesitan perfiles especializados en arquitectura cloud, ciberseguridad, inteligencia artificial, datos, automatización, experiencia de usuario y gestión de servicios TIC. Este talento es escaso y compite con un mercado privado muy dinámico. Por tanto, será necesario combinar empleo público especializado, formación continua, colaboración público-privada y modelos de prestación de servicios bien gobernados.
El tercer riesgo está en la contratación. Las tecnologías evolucionan más rápido que los ciclos tradicionales de contratación pública. Es imprescindible diseñar pliegos que permitan evolución, modularidad, escalabilidad, seguridad y portabilidad, evitando bloqueos tecnológicos y dependencias excesivas de un único proveedor.
El cuarto riesgo es la integración tecnológica. Muchas Administraciones tienen sistemas heredados, arquitecturas heterogéneas y aplicaciones construidas en momentos diferentes. La integración con soluciones cloud, plataformas de datos e IA exigen planificación, APIs, gobierno de identidades, gestión documental robusta y una arquitectura de referencia.
El quinto riesgo es la gestión del cambio. Si la digitalización se percibe como una imposición tecnológica y no como una mejora real del servicio público, su adopción será limitada. Hay que acompañar con comunicación, formación, liderazgo directivo y participación de las unidades gestoras.
Y el sexto riesgo está relacionado con la soberanía tecnológica. Es imperativo mantener el servicio público, pero actualmente dependemos de unos pocos proveedores de infraestructura digital que pueden modificar unilateralmente las condiciones de prestación o incluso interrumpir el servicio. Esta concentración supone una vulnerabilidad para la Administración, ya que puede limitar la autonomía y capacidad de respuesta ante cambios inesperados, afectando a la continuidad y calidad de los servicios públicos.
¿Qué prioridades tecnológicas deberían marcar la agenda de las Administraciones Públicas durante los próximos cinco años?
La principal es la incorporación de la inteligencia artificial al sector público, que no puede entenderse únicamente desde la perspectiva normativa, ni limitarse a la aprobación de marcos regulatorios o a la creación de órganos de supervisión. Todo ello es necesario, especialmente para garantizar un uso seguro, ético y confiable de la tecnología, pero debe ir acompañado de una orientación decidida a la aplicación práctica. La verdadera transformación se producirá cuando seamos capaces de identificar y desplegar casos de uso concretos que aporten valor real a la gestión pública.
La inteligencia artificial debe ayudarnos a mejorar la eficiencia de los procesos administrativos, reducir cargas, automatizar tareas repetitivas, facilitar la toma de decisiones y ofrecer servicios públicos más ágiles, personalizados y proactivos. En definitiva, el éxito de la IA en la Administración no se medirá solo por la calidad de su regulación, sino por la capacidad de traducirla en mejoras perceptibles para los ciudadanos: menos tiempos de espera, trámites más sencillos, mejor atención y una Administración más cercana, inteligente y eficaz.
La segunda prioridad es la soberanía digital. En la transformación digital del sector público no basta con incorporar tecnología; es imprescindible entender y gobernar toda la cadena de valor que la hace posible: los datos, las infraestructuras, las plataformas, el software, la ciberseguridad, los proveedores, el talento y los modelos de operación. Solo desde una visión integral es posible garantizar que la digitalización responda al interés público, que las inversiones sean sostenibles y reutilizables, y que las administraciones no se limiten a consumir soluciones cerradas, sino que conserven capacidad de decisión, adaptación y evolución sobre sus propios servicios digitales.
En este contexto, la soberanía digital adquiere una importancia estratégica. No se trata de rechazar la colaboración con el mercado ni con los grandes actores tecnológicos, sino de asegurar que las administraciones mantienen el control sobre sus datos, sus infraestructuras críticas, sus reglas de interoperabilidad, sus criterios de seguridad y su capacidad de prestación de servicios esenciales. La verdadera autonomía digital consiste en poder elegir, integrar y evolucionar soluciones tecnológicas sin dependencias excesivas, garantizando al mismo tiempo la protección de la información pública, la continuidad de los servicios y la generación de valor para el territorio, sus empresas y sus ciudadanos.
La tercera prioridad es la ciberseguridad y la resiliencia. La Administración debe prepararse para operar en un contexto de amenazas crecientes y mucho más rápidas y con mayor impacto, con mayores exigencias regulatorias, más dependencia tecnológica y mayor exposición de los servicios públicos digitales.
La cuarta prioridad es el gobierno del dato. Sin datos de calidad, interoperables, seguros y bien gobernados, no habrá IA pública fiable ni políticas basadas en evidencia. Y la quinta prioridad es la identidad digital y la experiencia ciudadana. La ciudadanía espera servicios simples, accesibles, móviles, personalizados y coherentes entre Administraciones. La digitalización debe reducir burocracia, no trasladarla a pantallas.
¿Qué espera de los proveedores tecnológicos para ayudar a mantener y evolucionar los proyectos impulsados durante estos años?
De los proveedores tecnológicos esperamos cinco cosas muy claras.
Primero, compromiso con el servicio público. Trabajar con una Administración no es solo entregar tecnología; es contribuir a derechos, servicios esenciales, seguridad jurídica y confianza ciudadana.
Segundo, transferencia de conocimiento. Los proyectos no pueden generar dependencia. Deben fortalecer las capacidades internas de la Administración, documentar adecuadamente, formar equipos públicos y facilitar la evolución futura.
Tercero, interoperabilidad y apertura. Necesitamos soluciones basadas en estándares, APIs, portabilidad de datos, integración con plataformas corporativas y capacidad real de cambio de proveedor cuando sea necesario.
Cuarto, seguridad desde el diseño. La ciberseguridad, la privacidad, el cumplimiento normativo, la trazabilidad y la gestión de riesgos deben estar incorporados desde el inicio, no añadirse al final. Y quinto, innovación responsable. La IA generativa, los agentes inteligentes, la automatización avanzada o la analítica predictiva pueden aportar mucho valor, pero deben desplegarse con rigor, evaluación, explicabilidad, supervisión humana y respeto al marco europeo de derechos digitales.
¿Algo más que añadir?
Sí. Creo que estamos en un momento decisivo. Los fondos Next Generation han sido una oportunidad extraordinaria para acelerar la modernización tecnológica de las Administraciones Públicas. Pero el éxito no se medirá solo por el número de proyectos ejecutados, sino por nuestra capacidad para convertir esa inversión en servicios públicos mejores, más seguros, más sencillos y más sostenibles.
La IA, la nube y la soberanía digital no son debates separados. Están profundamente conectados. No puede haber IA pública fiable sin datos bien gobernados. No puede haber servicios digitales avanzados sin infraestructuras en la nube seguras y sostenibles. Y no puede haber autonomía institucional si las Administraciones pierden el control sobre sus datos, sus arquitecturas o sus capacidades críticas.
El reto de los próximos años será pasar de la digitalización como proyecto a la digitalización como capacidad permanente de gobierno. Y ahí las Comunidades Autónomas tenemos un papel esencial: somos Administración prestadora de servicios, cercana al ciudadano y responsable de ámbitos críticos como sanidad, educación, servicios sociales, empleo, territorio y desarrollo económico.
En La Rioja, nuestra visión debe ser clara: utilizar la tecnología para mejorar la vida de las personas, reforzar la cohesión territorial, modernizar la Administración y construir un modelo digital seguro, sostenible, interoperable y soberano. Ese es el verdadero valor de la transformación digital pública.
