Los fondos Next Genertion han impulsado cientos de iniciativas de transformación digital.¿Qué proyectos considera que han aportado o aportarán más valor a su organización y por qué?
Con carácter general, la llegada de los fondos Next Generation ha permitido impulsar de forma muy significativa el proceso de digitalización de las administraciones públicas. En el caso de la Comunidad de Madrid, este impulso ha tenido una doble vertiente.
Por un lado, se ha avanzado de manera decisiva en la mejora de la relación de la Administración con la ciudadanía, mediante la ejecución de proyectos orientados a la digitalización de los servicios públicos.
En este ámbito, cabe destacar la puesta en marcha de diversas iniciativas que, en su conjunto, han supuesto un punto de inflexión en el modelo de relación con ciudadanos y empresas: la Cuenta Digital, como plataforma integral; el proyecto Innova, centrado en el rediseño y digitalización de los servicios públicos; Identifica, que facilita a los ciudadanos una herramienta de certificación ágil y sencilla; y el Centro de Innovación “Digitaliza Madrid”, que ha reforzado el modelo de colaboración público-privada en el proceso de transformación administrativa y ha promovido la participación activa de la ciudadanía en el rediseño de los servicios.
Por otro lado, también se han abordado ambiciosos proyectos de transformación sectorial, entre los que destacan los relativos a la digitalización de la justicia, la modernización de los servicios sociales —a través del proyecto de Historia Social Única— y la gestión de residuos; de mejora de la eficiencia en la gestión administrativa (plataforma RPAs) y de conectividad, como la fase 2 del despliegue de infraestructura wifi en todos los centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid.
¿Dónde identifica actualmente los principales riesgos para consolidar los avances logrados: presupuesto, talento, contratación, integración tecnológica, gestión del cambio u otros factores?
Sin duda, el principal reto a futuro será garantizar la sostenibilidad de los proyectos ya puestos en marcha. En este ámbito pueden identificarse dos factores de riesgo fundamentales: el presupuestario y el del talento, este último considerado desde dos enfoques distintos.
La sostenibilidad financiera constituye una preocupación detectada desde la propia génesis del Mecanismo de Recuperación, incluso antes de la definición concreta de los proyectos a ejecutar. La aprobación de este instrumento por la Comisión Europea ha sido determinante para impulsar los procesos de transformación y digitalización en las administraciones públicas. No obstante, a medida que se aproxima la finalización del periodo de ejecución, estas se enfrentan ahora al reto de destinar recursos presupuestarios crecientes para garantizar la continuidad operativa de dichos proyectos, quedando está condicionada por la evolución de las circunstancias económicas y la disponibilidad efectiva de financiación.
El segundo elemento de riesgo es el relativo al talento. Las administraciones públicas afrontan dificultades estructurales para atraer y retener perfiles tecnológicos altamente cualificados, en un contexto de competencia directa con el sector privado, que dispone de mecanismos retributivos y de incentivación significativamente más atractivos. Este desafío se agrava por la situación actual de los recursos humanos en el sector público: las previsiones demográficas apuntan a la necesidad inminente de acometer un profundo proceso de relevo generacional, que permita la sustitución ordenada de una parte sustancial de las plantillas actuales. Este proceso debería articularse mediante un plan ambicioso y riguroso que, sin embargo, en muchos casos ni siquiera se encuentra aún definido.
¿Qué prioridades tecnológicas deberían marcar la agenda de las Administraciones Públicas durante los próximos cinco años?
Desde el punto de vista tecnológico, nos encontramos en un momento apasionante y retador.
La irrupción de la inteligencia artificial (IA) va a resultar decisiva en este nuevo escenario, ya que está llamada a desempeñar un papel determinante en la sostenibilidad y evolución de los proyectos impulsados en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, especialmente desde una perspectiva tecnológica. Su capacidad para automatizar procesos, optimizar recursos y generar conocimiento avanzado permite reforzar la viabilidad a medio y largo plazo de las iniciativas desarrolladas, más allá de la fase inicial de financiación.
En primer lugar, la IA contribuye de forma directa a mejorar la eficiencia operativa de los sistemas y servicios implantados. Mediante el uso de algoritmos de aprendizaje automático, es posible anticipar incidencias, optimizar el rendimiento de infraestructuras digitales y reducir costes de mantenimiento. Ello permite mitigar uno de los principales riesgos asociados a estos proyectos, como es el incremento del gasto estructural una vez finalizada la financiación europea, favoreciendo modelos de operación más sostenibles y escalables.
Por otra parte, la IA facilitará la evolución continua de las soluciones desarrolladas, evitando su obsolescencia tecnológica. A través de capacidades como la analítica avanzada, el procesamiento del lenguaje natural o la automatización inteligente, los sistemas pueden adaptarse a nuevas necesidades, mejorar la interacción con los ciudadanos y generar servicios públicos más personalizados y proactivos. De este modo, se garantiza que la inversión realizada no solo se mantenga, sino que continúe generando valor en el tiempo.
La IA también desempeñará un papel esencial a la hora de abordar el desafío del talento en las administraciones públicas. La automatización de tareas repetitivas y de bajo valor añadido permite reasignar recursos humanos hacia funciones más estratégicas, al tiempo que posibilita incrementar la productividad de los equipos existentes. Además, el uso de herramientas de apoyo basadas en IA puede compensar, en cierta medida, las carencias derivadas de la escasez de perfiles tecnológicos altamente especializados.
Finalmente, la integración de la IA en los proyectos financiados con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia refuerza su alineación con los objetivos de transformación digital estructural de las administraciones públicas. No se trata únicamente de implementar soluciones tecnológicas, sino de evolucionar hacia modelos de gestión más inteligentes, basados en datos y orientados a resultados. En este contexto, la IA actúa como un habilitador estratégico que permite consolidar y proyectar en el tiempo el esfuerzo inversor realizado, garantizando tanto su sostenibilidad como su impacto real en la mejora de los servicios públicos.
¿Qué espera de los proveedores tecnológicos para ayudar a mantener y evolucionar los proyectos impulsados durante estos años?
Se espera de los proveedores tecnológicos un papel activo y corresponsable en la sostenibilidad de los proyectos, evolucionando desde un enfoque centrado en la implantación hacia modelos de colaboración a largo plazo. Esto implica el diseño de soluciones escalables, modulares y eficientes, capaces de minimizar los costes recurrentes y facilitar su adaptación a nuevas necesidades sin recurrir a desarrollos disruptivos. Asimismo, se les exige una clara orientación a la innovación aplicada, incorporando de forma progresiva capacidades como la inteligencia artificial, la automatización y la analítica avanzada, con el objetivo de mejorar el rendimiento de los sistemas y generar valor añadido sostenido en el tiempo.
De igual modo, resulta clave la contribución de los proveedores a la transferencia de conocimiento y al fortalecimiento de las capacidades internas de las administraciones públicas, favoreciendo una mayor autonomía en la gestión y evolución de las soluciones implantadas. Todo ello debe desarrollarse bajo estrictos estándares de cumplimiento normativo, interoperabilidad y seguridad, y con una adaptación real a las particularidades del sector público. Finalmente, se espera una evolución hacia modelos de relación basados en resultados, en los que el éxito no se mida únicamente por el cumplimiento de entregables, sino por el impacto efectivo y sostenible de los proyectos en la mejora de los servicios públicos.
¿Algo más que añadir?
A modo de conclusión, me gustaría destacar que la sostenibilidad de los proyectos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia no puede entenderse únicamente desde una perspectiva financiera, aunque resulta imprescindible garantizar estos recursos, sino como un desafío integral que combina tecnología, talento y modelo de gobernanza.
En este contexto, la inteligencia artificial tiene que constituirse como un elemento clave para maximizar el retorno de las inversiones realizadas, permitiendo optimizar la explotación de los sistemas, mejorar la eficiencia operativa y garantizar su capacidad de adaptación ante nuevas demandas. Su adecuada integración no solo contribuye a reducir costes estructurales, sino que refuerza la capacidad de las administraciones para prestar servicios públicos más ágiles, personalizados y orientados a resultados.
No obstante, alcanzar estos objetivos exige una acción coordinada en la que las administraciones públicas y los proveedores tecnológicos asuman una responsabilidad compartida. Resulta imprescindible avanzar hacia modelos de colaboración más estables, basados en la innovación continua, la transferencia de conocimiento y la medición del impacto real de las actuaciones. Solo mediante este enfoque será posible consolidar los avances logrados, evitar riesgos de obsolescencia o infrautilización de las soluciones implantadas y asegurar que los proyectos no se limiten a una ejecución puntual, sino que se conviertan en verdaderos vectores de transformación estructural y sostenida del sector público.
