El sistema judicial en nuestro país es una de las instituciones clave para el desarrollo social, como garante de nuestros valores democráticos y de la protección del ciudadano. Adicionalmente, también genera un importante impacto económico; la seguridad jurídica es el primer factor de decisión a la hora de desarrollar un plan de inversión por parte del sector empresarial, constituyendo un elemento imprescindible en las inversiones internacionales entre países, así como un motor económico de la competitividad y el desarrollo de nuestro tejido productivo.
Una Justicia lenta e ineficiente no solo no es justa, sino que, además, es un lastre para el progreso de las sociedades, generando una pérdida de confianza de los ciudadanos en sus instituciones y por consiguiente una disminución de la inversión del capital privado. Sirva una simple cifra como referencia: en nuestro país existen más de 4.000 millones de euros inmovilizados en procedimientos judiciales, una suma cercana al doble del presupuesto destinado para el mundo de la justicia a escala nacional.
Es necesaria una mejora en la valoración de la Justicia por parte de los ciudadanos. Según el CIS de julio de 2019, un 48% de los ciudadanos asegura que el funcionamiento de la Justicia es “malo” o “muy malo”. El coste de acceso a la Justicia y la lentitud en los tiempos de resolución son los dos elementos que más impactan y son posiblemente los causantes de esta percepción. Esta situación se ha deteriorado con el paso de los años, lo que requiere de una importante capacidad de inversión en comparación con los países de nuestro entorno, especialmente, en la dotación de medios -materiales y humanos- hasta alcanzar los valores de referencia en el ámbito europeo.
La situación en los órganos jurisdiccionales era ya de colapso con anterioridad a la pandemia de la COVID-19 y se verá agravada en los próximos meses, con un posible crecimiento en el retraso de los procedimientos del 185%, según la estimación realizada por el propio Ministerio de Justicia, ante la avalancha de ERTES, ERES, impagos, desahucios y otros procedimientos. Un ejemplo reseñable es el crecimiento de algunos procedimientos masivos: En 2019, con anterioridad a la pandemia, ya se registraron más de 132.000 nuevas demandas por cláusulas abusivas y quedaban por resolver 242.528 procedimientos acumulados, el 50% del total.
Este escenario ha puesto sobre la mesa la necesidad urgente de soluciones largo tiempo postergadas que contribuyan a minorar este déficit, especialmente, como ha manifestado reiteradamente el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) y el CGAE (Colegio General de la Abogacía Española), la implantación de las nuevas tecnologías digitales como instrumento clave para la modernización de nuestro sistema judicial.
La digitalización inteligente de nuestra Justicia se hace por tanto imprescindible, tanto para aliviar la descongestión del sistema judicial, como para abordar la recuperación económica y mejorar la percepción ciudadana. En Fujitsu llevamos más de cuarenta años trabajando conjuntamente con el ecosistema de la Justicia en nuestro país. Hemos sido reconocidos con diferentes premios a la innovación tecnológica por la Administración de Justicia y el CGPJ mediante la aportación de soluciones, como la grabación inteligente de vistas mediante el sistema Arconte, formando personas especializadas en el conocimiento de los procesos judiciales y aplicando metodologías para la gestión de las personas a lo largo de los procesos de transformación. Fujitsu ha sido el compañero de las administraciones en el éxito del cambio.
En este momento de desafíos desde nuestro Centro Europeo de Excelencia para la Justicia ubicado en Valencia hemos creado AstreIA, nuestra propuesta de valor en la consecución de un nuevo modelo de relación con los ciudadanos e instituciones jurídicas. Un paso adelante sin precedentes, fundamentado en la aplicación de las nuevas tecnologías innovadoras como la IA y la robótica al mundo de la Justicia. Cabe destacar que estas nuevas tecnologías no tratan de reemplazar a la inteligencia humana, sino de facilitar el trabajo de los operadores jurídicos y de hacer la Justicia más accesible a los ciudadanos, siempre de forma transparente para garantizar la integridad y la ética.
AstreIA no es una definición conceptual de la digitalización en un plano teórico académico, sino que aterriza en lo tangible cuatro casos de uso concretos, con soluciones basadas en la IA para definir un nuevo modelo de relación con el ciudadano que va más allá de la gestión procesal. AstreIA acerca la Justicia a los ciudadanos y a los profesionales, resolviendo de forma sencilla mediante una plataforma amigable abierta al público las dudas más frecuentes sobre cómo proceder en función de sus necesidades concretas. Impulsa decisivamente la e-Mediación en nuestro país, resolviendo los conflictos a través de una plataforma virtual accesible y fácil de usar, que cubre todas las garantías de confidencialidad, seguridad y privacidad de las partes.
Adicionalmente, AstreIA ayuda a agilizar la gestión y tramitación procesal en la Oficina Judicial mediante el empoderamiento del empleado público, así como en la asistencia al juez facilitando su función jurisdiccional. De forma específica, permite superar el colapso judicial producido por pleitos masivos, poniendo a disposición de jueces y magistrados, y del resto de personal que les asiste en su labor, las herramientas necesarias para mejorar sustancialmente la agilidad en la tramitación y la reducción de cargas de trabajo, facilitándoles borradores de sentencias basados en la jurisprudencia. Además, facilita el análisis de las vistas judiciales a jueces y magistrados mediante la conversión a texto inteligente de las grabaciones de juicios y comparecencias que permitan un enriquecimiento posterior mediante la algoritmia avanzada.
En Fujitsu creemos firmemente que las soluciones tecnológicas innovadoras, de la mano de la necesaria gestión del cambio acompañando a las personas, conseguirá en los dos primeros años de implantación de AstreIA unos resultados medibles, que según nuestros estudios internos y con una estimación conservadora, incrementarán la valoración y confianza de los ciudadanos en un 30%, permitirán impulsar la mediación un 40%, así como reducir los tiempos de espera e incrementar la eficiencia en un 25% y minorar los costes asociados a la gestión judicial en un 20% mediante la robótica y la automatización de procesos.
La integración de la digitalización inteligente de la Justicia en España, de forma segura, ética y transparente, permitirá a nuestro sistema judicial dar un paso hacia un nuevo modelo de relación con el ciudadano, en una nueva era dónde la tecnología se presentará como un verdadero aliado en la composición de un tejido económico y social, consistente y sin fisuras, que destierre la imagen de obsolescencia y que permitirá afrontar con garantía y entusiasmo, los desafíos actuales y futuros de nuestra Justicia.
