Digitalizar la justicia es una tarea -pendiente- que tiene la Administración Pública desde hace muchos años y que, hoy en día, después de muchos esfuerzos por parte de todos aún se encuentra en proceso de desarrollo por parte del Ministerio de Justicia y las distintas Administraciones de Justicia autonómicas, en distintos grados de adopción. Alcanzar una administración de justicia digitalizada sigue siendo uno de los objetivos más ambicioso de la administración actual que aportará grandes beneficios sociales mejorando la eficiencia y eficacia de los procesos judiciales y acelerando, en gran medida, la gestión y resolución de muchos de ellos.
Hace una década era todo un reto llevar a cabo cualquier programa de transformación digital dentro de este ámbito, sobre todo teniendo en cuenta la cobertura de la Ley 18/2011 a través de la cual se regula el uso de las TIC en la Administración de Justicia. La nueva estructura de funcionamiento impulsada por la NOJ (Nueva Oficina Judicial), con impacto en el modelo organizativo, y la realidad de los juzgados en cuanto a sus espacios físicos han sido otros factores que están impactando en la digitalización de la administración de justicia, y que deberemos afrontar los proveedores tecnológicos para aportar soluciones adecuadas.
No obstante, hay que reconocer cierta evolución en la digitalización de esta administración, y en general ya cuenta con infraestructuras avanzadas. Además, se ha conseguido normalizar el uso de determinadas soluciones tecnológicas como la firma electrónica por parte de los magistrados o letrados, o la progresiva utilización del expediente judicial electrónico en lugar del legajo.
El avance de la digitalización de la justicia, como muchos otros ámbitos públicos y privados en nuestro país, se ha visto además acelerado por la pandemia del coronavirus. La crisis sanitaria ha provocado que muchos de los procesos y actuaciones que los proveedores tecnológicos llevábamos tiempo proponiendo y discutiendo con la administración, se hayan hecho realidad en mayor o menor medida y en tiempo récord. Por ejemplo, el creciente uso de soluciones de videoconferencia para muchas actuaciones, la dotación de equipos portátiles y la adopción y adaptación de aplicaciones para el trabajo en remoto y de forma segura.
La nueva etapa que vivimos en el proceso de digitalización de la justicia, bajo el marco del plan España Digital 2025, va en esta línea y potencia la adopción de tecnologías para ofrecer servicios nuevos que faciliten y mejoren la relación de a justicia con la ciudadanía y su interacción con los servicios públicos.
Desde el punto de vista de la relación de la administración con los profesionales, como procuradores y abogados, podemos afirmar que ya se ha avanzado mucho en la digitalización. Estos actores son parte necesaria como incitadores del proceso judicial y la entrada de las demandas y asuntos en formato digital. Por este motivo, la comunicación con ellos debe ser lo más eficiente posible, en modalidad 24×7 y sin perder las garantías necesarias del proceso. Sin embargo, donde más trabajo queda por hacer es en la relación con el auténtico usuario de la Justicia, el ciudadano o persona jurídica, pero confiamos en que la reordenación y evolución de todo lo anterior permita hacerlo cuanto antes y de la mejor manera posible.
Desde el punto de vista puramente tecnológico, y como comentaba tras el impacto de la crisis sanitaria, en la actualidad el Ministerio de Justicia y todas las comunidades autónomas están ya inmersas, en mayor o menor medida y con distinto grado de ambición, en procesos de transformación digital.
En este nuevo contexto más digital, Sistemas de Gestión Procesal (SGP) se reafirman como el centro neurálgico TIC, siendo claves para poder articular de manera más eficiente la gestión del dato y la información, optimizando así la gestión de las entradas y salidas de expedientes y su procesamiento adecuado y en tiempo. No obstante, aún queda mucho camino por recorrer para facilitar la interacción de sus usuarios (funcionarios, letrados y magistrados) rediseñando muchos de los procesos y así lograr que su trabajo se centre en la aportación de valor al ciudadano que es el centro de toda la actividad jurídica.
Es aquí donde las tecnologías analíticas avanzadas como process mining, machine learning, inteligencia artificial, o la automatización de procesos (RPA) van a ser un punto de inflexión en la Justicia. Permitirán liberar al funcionario de tareas de menor valor añadido para centrarlo en aportar valor a la administración y al ciudadano, mejorarán el acceso a la información desde cualquier ubicación y dispositivo, en breve se permitirá además la posibilidad de interactuar mediante la voz para hacer consultas o redactar escritos o sentencias. Además, la aplicación de inteligencia artificial a los procesos judiciales ayudará a conocer cómo se relacionan los ciudadanos con la administración y permitirá simplificar procesos y burocracia, acelerando la tramitación de algunos expedientes.
El siguiente paso en la aplicación de estas tecnologías será la creación de auténticos ecosistemas de información que aceleren y mejoren la cooperación entre Comunidades Autónomas y administraciones –gran reto del actual CTEAJE- , tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. La colaboración entre los diferentes organismos encargados de impartir justicia en nuestro país y en la Unión Europea es clave para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía.
Desde T-Systems trabajamos intensamente en numerosos proyectos para acelerar esta anhelada digitalización de la Justicia, desde iniciativas para la modernización de los sistemas de gestión procesal hasta la puesta en marcha de proyectos de conocimiento avanzado o process mining sobre el uso de los datos. Todo ello sin olvidar la creación de plataformas de soporte al entrenamiento de algoritmos avanzados dirigidos al mundo judicial y otras acciones para digitalizar la Justicia de cara a la ciudadanía.
Juan Altes, Director de Servicios Tecnológicos para Justicia de T- Systems Iberia.
