¿Cómo afrontan desde su Dirección la vuelta a la normalidad?
En las unidades responsables de los servicios e infraestructuras TIC del Gobierno de Aragón no se ha dado aún una “vuelta a la normalidad” real y mantenemos un nivel de actividad muy superior a lo habitual por tres motivos fundamentalmente.
Primero, el impacto de la crisis sanitaria sobre la propia actividad administrativa, que ha incrementado la utilización de los medios electrónicos por parte de los empleados públicos y ha dado lugar a que en el mes de junio estemos duplicando la utilización de herramientas como el Portafirmas o la remisión interna de documentación y expedientes electrónicos. Además, seguimos manteniendo la utilización de los servicios de teletrabajo (escritorios remotos y videoconferencia) que se han consolidado como funcionalidades a disposición de los trabajadores, especialmente con la regulación en la materia que se prevé aprobar.
Segundo, el levantamiento de las suspensiones de procedimientos administrativos tan relevantes como las ayudas de Política Agraria Común (60.000 solicitudes telemáticas) o los procesos asociados a educación (25.000 solicitudes en los diferentes procesos asociados al inicio del próximo curso). Todo ello unido a la puesta en marcha de ayudas extraordinarias para la recuperación social y económica en Aragón (como las ayudas al alquiler para más de 10.000 ciudadanos), que se apoyan principalmente en la presentación telemática de las solicitudes tanto por parte de los responsables de los procedimientos, como por parte de la ciudadanía, que además demanda más la utilización del canal electrónico por su comodidad y seguridad al no tener que desplazarse físicamente a las oficinas de registro.
Tercero, la limitación de aforos en las oficinas de atención presencial ha acelerado la conversión de todo el servicio de atención a usuarios. El objetivo es establecer con carácter general cita previa en todas las interacciones físicas entre la ciudadanía y la administración, así como mecanismos más eficientes de atención telefónica y por medios telemáticos. Entre ellos, destaca el establecimiento de registradores de Cl@vePermanente en todas las oficinas de atención para que los usuarios, en vez de registrar de entrada su asunto, adquieran los medios necesarios para realizar ese trámite, y cualquier otro futuro, desde sus casas.
Estos tres factores incrementan la criticidad de los servicios y sistemas informáticos, que están soportando actualmente una actividad diaria de entre 2 y 3 veces la media del año 2019 en el mismo periodo. Obviamente, esta circunstancia tensiona las infraestructuras y requiere de un refuerzo en recursos técnicos y una especial atención por parte de los responsables técnicos.
¿Ha cambiado la pandemia sus prioridades de inversión en TIC? ¿Cuáles son esas prioridades ahora?
La pandemia ha terminado de respaldar las recomendaciones y obligaciones en materia de administración electrónica y utilización de medios técnicos en la gestión de los expedientes y servicios a la ciudadanía.
Esta comprobación se ha realizado de la forma más radical posible, dado que, en vez de estar basado en la facilidad, comodidad o eficiencia, se ha fundamentado en la imposibilidad física de acceso a los medios tradicionales de presentación.
En Aragón, la pandemia nos alcanzó en una fase final de generalización de los servicios de administración electrónica para el cumplimiento de la ley 39/2015 Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, por lo que el impacto ha supuesto una aceleración de las actuaciones de formación, adaptación y transformación de procedimientos y, especialmente, el lanzamiento de nuevas medidas aglutinadoras.
Desde el punto de vista presupuestario, el Gobierno de Aragón, además de garantizar los recursos para mantener el funcionamiento en escenarios de mayor nivel de utilización, ha considerado necesario realizar esfuerzos adicionales en materia de infraestructura de telecomunicaciones, por la especial geografía y extensión del ámbito rural en la Comunidad.
Se trabaja tanto en extensión de banda ancha a la ciudadanía en coordinación con el Plan de Extensión de Banda Ancha (PEBA) Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, como en el despliegue final de una Red de Telecomunicaciones de Emergencias que pueda utilizarse de forma coordinada por todos los servicios sanitarios, protección civil y seguridad ciudadana.
¿Algo más que añadir?
Desde la Consejería de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, responsable de las infraestructuras TIC y de Administración Electrónica, se lleva tiempo defendiendo que las inversiones en ciencia, conocimiento y tecnología deben ser previas y de largo recorrido.
Porque, al igual que se tardan varios meses en desarrollar una vacuna para una enfermedad con el impacto de la COVID-19, no se puede pasar del “todo papel” al “100% electrónico” de la noche a la mañana. Como he comentado antes, en Aragón se llevaba un largo recorrido en aplicación de tecnología a los procedimientos y servicios a la ciudadanía, lo que nos ha permitido soportar el impacto de la transformación forzada.
Por último, se hace necesario reducir la “brecha de conectividad” en los entornos rurales que suponen entre un 10% y un 20% de la población con ancho de banda inferior a 100Mbps. Queremos fomentar la evolución hacia el teletrabajo, la formación on-line y la prestación de servicios o adquisición de bienes en las zonas rurales en riesgo de despoblación que pueden verse beneficiadas de esta nueva ola de desconcentración y revalorización del entorno rural.
