¿Cuáles son las prioridades tecnológicas de su organismo para 2026?
Para 2026 tenemos tres prioridades muy definidas. La primera es ordenar y consolidar la arquitectura digital de la Administración para que sea coherente, interoperable y escalable. Eso significa avanzar hacia un modelo de plataformas comunes, espacios de datos, supercomputación, servicios reutilizables y estándares compartidos que eviten duplicidades y aceleren nuevos despliegues como el gemelo digital de las Islas Baleares.
La segunda prioridad es modernizar de forma integral las herramientas corporativas y el puesto de trabajo digital, tanto para empleados públicos como para ciudadanía. Queremos servicios más simples, más accesibles y más consistentes, con procesos internos más automatizados y menos burocráticos.
Y la tercera es reforzar la ciberseguridad y la resiliencia, no como capa final sino como parte del diseño. Esto implica gestión sólida de identidades, protección del dato, continuidad del servicio y capacidad real de anticipación y respuesta ante incidentes.
¿Qué tendencias tecnológicas considera que tendrán mayor impacto en su ámbito en los próximos 2–3 años?
Hay varias tendencias que ya están pasando de promesa a realidad. La más visible es la IA aplicada a la Administración, tanto para mejorar la atención ciudadana (asistentes, chatbots, agentes de IA) como para apoyar procesos internos (clasificación documental, extracción de información, priorización de expedientes); o la toma de decisiones basadas en predicción de datos (gemelos digitales).
A esto se suma la automatización inteligente, donde RPA deja de ser solo “robots de click” y se combina con IA para tomar decisiones sencillas, detectar errores y acelerar flujos completos.
Otra tendencia clave es el gobierno del dato, el de la inteligencia artificial y la analítica avanzada: pasar de tener datos dispersos a trabajar con catálogos, calidad, trazabilidad y modelos predictivos que ayuden a planificar políticas públicas o identificar necesidades antes de que aparezcan.
También veremos consolidación de cloud híbrido y soberano, buscando elasticidad y rapidez sin renunciar al control institucional.
Y en paralelo, una evolución clara hacia seguridad por defecto (Zero Trust) y monitorización continua, porque el perímetro tradicional ya no existe.
¿Qué retos tecnológicos están afrontando actualmente y cómo los están abordando?
El reto más evidente es la heterogeneidad tecnológica acumulada: múltiples soluciones para necesidades similares, sistemas legacy críticos y dependencias que dificultan el cambio. Esto genera deuda técnica y una gestión compleja del servicio.
Otro reto es que la transformación digital no puede depender solo de proyectos puntuales, sino de capacidades internas estables, con roles claros y procesos bien definidos. Por eso, estamos abordándolo en dos planos con la creación de la Agencia de Ciberseguridad, Digitalización y Telecomunicaciones (IBdigital).
En el plano organizativo, estamos alineando estructura, funciones y perfiles profesionales para asegurar que arquitectura, datos, ciberseguridad, automatización o gestión de servicios tengan liderazgo y continuidad.
En el plano técnico, estamos simplificando el mapa de aplicaciones, impulsando estándares comunes, modernizando componentes críticos y priorizando reutilización. El objetivo es reducir complejidad y permitir que cualquier mejora sea sostenible.
Estamos abordando la creación de la Agencia de Ciberseguridad, Digitalización y Telecomunicaciones (IBdigital).
¿Qué oportunidades de innovación detecta en el uso de datos, analítica, automatización, IA o ciberseguridad para mejorar los servicios públicos?
Son ámbitos con impacto directo en la calidad del servicio. En datos y analítica, la gran oportunidad es avanzar hacia servicios proactivos: que la Administración no espere a que el ciudadano solicite algo, sino que anticipe necesidades usando evidencias (por ejemplo, avisos automáticos, trámites sugeridos o renovaciones sin solicitud explícita).
En IA, vemos mucho potencial para tramitación asistida: que los empleados públicos tengan apoyo automático para revisar documentación, detectar incoherencias, proponer resoluciones tipo o sugerir siguientes pasos. Eso reduce tiempos y mejora uniformidad.
En automatización, el salto fuerte está en el back-office: validaciones, cruces de datos, notificaciones, tareas repetitivas y masivas que hoy consumen recursos. Automatizarlas libera tiempo para tareas de mayor valor.
Y en ciberseguridad, más allá de proteger, la oportunidad es prevenir y garantizar continuidad: correlación de eventos, detección temprana de amenazas, gestión de vulnerabilidades y formación adaptativa basada en riesgo real. La ciudadanía tiene que notar que los servicios “siempre están ahí”.
¿Cuáles son los criterios clave que emplean a la hora de seleccionar a sus proveedores tecnológicos?
Buscamos equilibrio entre innovación, sostenibilidad y valor público. Un criterio central es la alineación con nuestra arquitectura y estándares corporativos, porque si una solución no es interoperable o no cumple requisitos de seguridad, nos genera problemas futuros.
También valoramos capacidad demostrada de entrega y experiencia real en entornos públicos complejos, no solo propuestas teóricas. Un punto que consideramos clave es la transferencia de conocimiento: queremos proveedores que nos hagan más fuertes internamente, no que nos creen dependencia estructural. Además, analizamos el coste total de propiedad: mantenimiento, evolución, licencias, soporte y escalabilidad a medio plazo.
Y por supuesto, exigimos cumplimiento normativo estricto, especialmente en protección del dato, trazabilidad y soberanía tecnológica.
Un punto que consideramos clave es la transferencia de conocimiento: queremos proveedores que nos hagan más fuertes internamente, no que nos creen dependencia estructural.
¿Qué necesidades tecnológicas considera que aún no están cubiertas en la Administración Pública y deberían abordarse en los próximos años?
Hay varias brechas persistentes. Una es convertir el gobierno del dato y de la IA en algo realmente operativo, no solo normativa, sino cultura, roles claros, herramientas efectivas, calidad, catálogo único y uso real en los sectores de negocio.
Otra necesidad es la gestión profesional de producto y servicios digitales, es decir, planificar con visión de ciclo de vida, medir impacto y experiencia ciudadana, y evolucionar servicios continuamente.
También falta consolidar capacidades internas estables en IA, automatización y ciberseguridad. Si estos ámbitos dependen de proyectos aislados, no hay transformación real.
Además, la interoperabilidad entre administraciones sigue siendo un reto. Necesitamos una lógica de plataforma común, donde compartir datos y servicios sea sencillo y seguro.
Y finalmente, debemos mejorar nuestra capacidad de medir rendimiento e impacto de lo digital como métricas de uso, calidad, tiempos de respuesta, satisfacción y ahorro de recursos. Sin medición, no hay mejora sostenida.
